El Director General del INPEC, Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón estuvo este miércoles 3 de enero en Yarumal junto al Vicario de Administración de la Diócesis Sonsón Rionegro Obier Galvis Sánchez, firmando las escrituras en la Notaría Primera para la adquisición en firme del Seminario Cristo Sacerdote, el cual pasará a ser un establecimiento de reclusión, Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Yarumal.
El trabajo de promoción del hombre se realizará en 40 hectáreas, donde internos de baja y mediana peligrosidad podrán pagar sus penas: “Es un proyecto muy grande, muy ambicioso que no solo va a ser modelo en Colombia sino en Latinoamérica, porque es el primero que le permite a los internos hacer un proceso de resocialización, para ser hombres de bien una vez terminen sus condenas. Dijo el Alcalde de Yarumal, Julio Areiza.
“Hoy, gracias a Dios logramos que viniera el padre Obier, representante de la Diócesis de Sonsón Rionegro y el General Ramírez, Director del INPEC a consolidar este compromiso, donde hay un gran futuro para los Yarumaleños y es la firma de las escrituras, hoy se hicieron en la Notaría Primera de Yarumal, en presencia del Notario Irner Bermúdez, nuestro director del Centro Penitenciario, el Doctor Pablo Yamid y todo el equipo de trabajo de la Administración Municipal. Hoy quedamos tranquilos, en el sentido de que ya se le da seguridad al proyecto y hasta el último día de gobierno que estemos, hasta el 31 de diciembre de 2019 a las 12 de la noche, estaremos atentos a que esto funcione como lo propusimos, que este modelo penitenciario sea hoy un proyecto piloto en el país”. Subrayó el Alcalde.
La negociación para la adquisición del Seminario Cristo Sacerdote llegó a consolidarse en 8.500 millones de pesos. La nueva Colonia Agrícola de Mínima Seguridad continuará aportando al servicio del hombre, a la promoción del hombre. El penal debe ser entregado en junio de 2018 y se espera que su funcionamiento lo convierta en un verdadero espacio de resocialización y reclusión digna. La inversión para este proyecto es de $62.350 millones, de los cuales el Ministerio de Justicia aportará $48.350 millones y tanto la Gobernación de Antioquia como la Alcaldía de Medellín participarán con un aporte de $7.000 millones por cada administración.
